ESCALOFRIANTE. (Segunda parte).

 

Y lo que es peor, las medidas que se hacen para mostrar

decisión y fortaleza, en la medida que fracasan, están incluso

logrando lo contrario de lo que se proponen.

 

Sara Sefchovich. País de mentiras.

En la primera  parte  me referí  a  la  ineficacia  de  los controles sobre el personal que desempeña funciones de seguridad privada. De todos los trámites impuestos a las empresas de seguridad privada destaca la Consulta de antecedentes policiales, como el que más valor agrega a los usuarios contratantes. No obstante, permanece la impresión de que no funciona con eficacia.

Cuando niño, recibí como regalo un cochecito de cuerda; era mi primer juguete que se movía sólo; este hecho despertó mi curiosidad y comencé a investigar; fue mucho más divertido aprender de sus piezas que observar cómo se movía. El juguete terminó desarmado y mi abuela me reprendió por ello: ¡ella había olvidado el propósito lúdico del juguete!.

Lo mismo parece ocurrir con las multicitadas bases de datos, construidas con el propósito, entre otros, de evitar que presten servicios de seguridad privada aquellas personas que pudieran representar un riesgo para el usuario. Alguien olvidó el propósito y, hoy, el usuario no puede hacer uso de la información. Aquella idea, que pudo haber sido muy útil, se ha transformado en un monstruo burocrático que, en principio, tardará muchos años en siquiera abrir los ojos.

Esta idea de la integración de una base de datos con esa función ya tiene sus añitos, desde la publicación de la primera Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 1995; Sin embargo, no se ha logrado consolidar el esfuerzo, las autoridades responsables no se han empeñado suficientemente en cumplirla. Hoy podemos afirmar que dichas bases de datos permanecen, no solo desactualizadas, sino incompletas.

La nueva ley trata de corregir este hecho, estableciendo la obligatoriedad, para todas las dependencias y empresas relacionadas, de concentrar la información e incluso define penas por incumplimiento; no obstante, pasará mucho tiempo para que esto se logre, veamos por qué.

Las bases de datos serán alimentadas por los registros que generen los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal. La misma ley, en sus transitorios, establece un plazo de un año, a partir de su entrada en vigor (Enero 2009), para la instalación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y un plazo de dos años, a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional, para acreditar a los mencionados centros de evaluación. Lo que significa que tardaremos, en el mejor de los casos, más de tres años en poder comenzar a confiar en que la base de datos, cuente con registros; así que tenga paciencia, porque un esfuerzo que debió iniciar en 1995, comenzará a dar frutos en el 2012.

Independientemente de que en el 2012 funcione o no, parece que estamos siendo testigos de la confirmación de una de las leyes de Murphy, la ley de Baxter, que dice: “Un error en la premisa aparecerá en la conclusión”, porque en este teje y maneje de diseñar, desarrollar, integrar y facilitar el acceso a la información de la base de datos, alguien se olvidó de usted: el usuario de los servicios de seguridad; por lo que usted no podrá consultar la dicha base de datos para saber si el guardia de la puerta de su negocio tiene algún impedimento o no: la ley no lo prevé; tendrá usted que seguir confiando en que el empleador del guardia ya ha hecho la consulta.

Por cierto, preguntando en varias empresas de seguridad privada respecto del actual trámite de consulta, me informan que el tiempo de respuesta de las autoridades, hoy, puede tener una variación de entre seis días a seis meses.

¿No sería más fácil incentivar a los empleados de seguridad privada para que, desde un formulario en internet, registren sus datos?

¿No sería más eficaz, y hasta eficiente, que el usuario de los servicios de seguridad privada tuviera acceso a la información para verificar la ausencia de impedimentos de los guardias que contrata?

Por lo pronto, para que no tengamos grandes esperanzas en la actual Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vale la pena que sepamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de inconstitucionalidad, por considerar que atenta contra el principio jurídico de presunción de inocencia, al establecer el requisito de no estar sujeto a proceso penal para obtener la certificación, ya que propicia la privación del derecho a trabajar en instituciones policiales sin que exista un juicio en que se demuestre la culpa.

Tal vez la ley no pueda evitar la contratación de alguien sujeto a proceso penal, pero el usuario sí debe tener el derecho a decidir si ello representa un riesgo o no.

Así que, con todo lo escalofriante que esta maraña le pueda resultar, las alternativas son: confiar y tener paciencia o participar más activamente en los asuntos que implican nuestra seguridad.

Para que se le quite el escalofrío: ya vienen las elecciones, ¿conoce usted a los candidatos y sus propuestas de seguridad?, ¡usted decide!.

 

F. Crisóstomo.

 

 

 

 

 

 

 

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