UN CRIMEN ORGANIZADO

Es hora de impedir que crimen organizado y sistema sean lo mismo. 
Jacobo Zabludovsky. 22/11/2010, El Universal.

Con el término “delincuencia organizada”, nos referimos a ciertas estructuras sociales encaminadas a cometer crímenes; por “crimen organizado” entendemos los delitos cometidos por esas estructuras; en el término, generalmente, se engloban cierto tipo de delitos: tráfico de drogas, de armas, de arte, de vehículos robados, de personas, el secuestro, etcétera. Aunque, en este último “etcétera” no solemos integrar otro tipo de crímenes, que ocurren en nuestras narices, en la más vergonzante impunidad. Permítame hablarle de ello:

De cada 100 mexicanos, 60 terminan la secundaria; 14 millones de estudiantes de primaria y secundaria no comprenden lo que leen; ocho de cada 10 alumnos de secundaria no saben multiplicar; el porcentaje de hogares que declaró que algún niño había comido menos de lo que debería pasó de 14% a 26%; México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, entre los países de la (OCDE); hasta 35 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado en los últimos cuatro años; casi seis mil jóvenes, en lo que va del año, han sido detenidos por portación de armas y delitos contra la salud. Con estos datos a la mano, seguramente usted podrá preguntarse y responderse, ¿Esos 35,000 menores son criminales o víctimas?; Si usted, al igual que yo, cree que son víctimas, entonces, ¿dónde están los criminales?; enseguida, algunas pistas:

Con suerte, con el tiempo, algunas de las historias de esos menores llegarán, para ser juzgadas, a las manos de alguno de nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia; sí, a las manos de esos mismos que hoy perciben salarios de 347 mil pesos netos mensuales (26,500 USD, aprox.); que tienen pensiones vitalicias de hasta 225 mil pesos mensuales (17,000 USD, aprox.); que gastan diariamente 33 mil 766 pesos en alimentos (2,500 USD, aprox.); que, para sus viajes, reciben viáticos por 54 mil 115 pesos diarios (4,150 USD., aprox.).

Las leyes que legitiman el dispendio de nuestra Suprema Corte, al igual que aquellas que condenarán a nuestros menores reclutados por el crimen, fueron elaboradas por nuestro aparato legislativo, integrado por senadores y diputados federales, quienes, éstos últimos, se han autorizado un incremento a sus ingresos, de tal suerte que en 2011, percibirán 247 mil pesos mensuales (19,000 USD, aprox.), al tiempo que autorizan incrementos de hasta el 30% en el sueldo del Ejecutivo Federal, cuya percepción bruta mensual ascenderá a 277 mil 295 pesos (21,300 USD, aprox.).

Ahora bien, si usted cree que esto es un abuso y que nuestros menores infractores deberían acudir a los defensores de Derechos Humanos, a pedir la protección a sus derechos, tendrá usted que considerar que habrían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a los organismos públicos de derechos humanos de los Estados o, bien, a las unidades de derechos humanos que el gobierno federal ha desplegado por el territorio nacional; sí, a esas instituciones que, en conjunto, ejercieron un presupuesto, en el 2010, de 2,344,570,000 de pesos (180,300,000 USD, aprox.); dinero que alcanzaría para haberles ofrecido apoyos alimentarios anuales a 908,000 familias, o para haber financiado Universidades como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos. Tal vez, con la “panza llena” y con mejores oportunidades de educación, nuestros menores habrían podido decidir algo diferente, antes de reclutarse con los criminales.

Ahora bien, si usted cree que esos dineros no serían suficientes para enfrentar el problema, ¿Qué le parece una cifra como la siguiente: 73,960,000,000 (setenta y tres mil novecientos sesenta millones de pesos – 5,680,000,000 USD, aprox.-); esa es la cifra que el sistema de administración tributaria (SAT) decidió condonar a deudores y evasores, negándose, además, a hacer públicos los nombres de los condonados; ocultamiento que fue apoyado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para proteger los datos “personales” de dichos deudores del fisco, muchos de ellos personas morales, empresas, las que, obviamente, no tienen “datos personales” y, por tanto, no pueden invocar que se les viola su privacidad.

Ya puede ver usted el entramado social, integrado por empresarios, legisladores, jueces, funcionarios, organizado para restarle oportunidades a nuestra infancia y a nuestra juventud. Aún en el tema de la educación, sabemos que nuestro problema no es económico, pues, uno de cada cuatro pesos del presupuesto se va a la educación, la cuestión a responder es: ¿a los bolsillos de quién?

Así que, esos 35,000 jóvenes que han sido reclutados por la delincuencia organizada, fueron, al mismo tiempo, orillados a ello por otra clase de criminales, no menos organizados. ¿Ya los reconoció?

 

F. Crisóstomo.

 

NOTA:

Sergio Fajardo, ex-alcalde de Medellin durante aquellas duras épocas de violencia en Colombia, ofreció, en el Tec de Monterrey, en el 2009, la conferencia, “Medellín, del miedo a la esperanza”; entre otras cosas, habló de la importancia de interrumpir el flujo de los jóvenes hacia las filas de la delincuencia: abrir la puerta para que regresen los que se han ido, cerrar la puerta por donde otros podrían irse. Aquí, alguien invirtió las puertas y se robó las llaves.

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