OFERTA O DEMANDA

La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias
devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Informe de la Comisión Global de Políticas
de Drogas (2011).

 

El problema actual de criminalidad extendida comenzó como una estrategia de solución, planteada desde el gobierno norteamericano, por el Presidente Nixon. Cuatro décadas después, la estrategia no sólo no ha tenido éxito, sino que ha contribuido al fortalecimiento de las redes criminales internacionales que amenazan, incluso, la gobernabilidad de muchas naciones.

La Comisión Global de Políticas de Drogas, de la cual forman parte destacados personajes como Carlos Fuentes, César Gaviria, Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso, George Papandreou, Kofi Annan, Mario Vargas Llosa, entre otros, ha publicado su Informe 2011, donde expresan su perspectiva para abordar el problema mundial de las drogas, como un conjunto de desafíos sanitarios y sociales interrelacionados que deben ser administrados, en lugar de la actual visión de una guerra que debe ser ganada.

Los miembros de la Comisión proponen cuatro principios para guiar las estrategias y políticas antidrogas nacionales e internacionales, así como once recomendaciones para la acción. A continuación las transcribo:

PRINCIPIOS:

1.            Las políticas de drogas deben basarse en sólida evidencia empírica y científica. La principal medida de éxito debería ser la reducción de daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y la sociedad.

2.            Las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud pública. Deberíamos terminar con la estigmatización y la marginalización de las personas que usan ciertas drogas y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de drogas como pacientes, no como delincuentes.

3.            El desarrollo y la implementación de políticas de drogas debería ser una responsabilidad compartida global, pero también es necesario tener en cuenta las diversas realidades políticas, sociales y culturales. Las políticas deberían respetar los derechos y las necesidades de las personas afectadas por la producción, el tráfico y el consumo, como se reconoce explícitamente en la Convención sobre Tráfico de Drogas de 1988.

4.            Las políticas de drogas deben llevarse a cabo de una manera integral, involucrando a las familias, las escuelas, los especialistas de salud pública, los profesionales del desarrollo y los líderes de la sociedad civil, en colaboración con las agencias de orden público y otros organismos gubernamentales relevantes.

RECOMENDACIONES:

1.            Romper el tabú. Buscar un debate abierto y promover políticas que reduzcan efectivamente el consumo y que prevengan y reduzcan los daños relacionados con el uso de drogas y con las políticas de fiscalización de drogas. Incrementar la inversión en investigación y análisis del impacto de diferentes políticas y programas.

2.            Reemplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas por la oferta de servicios de salud y tratamiento para aquellos que los necesitan.

3.            Alentar que los gobiernos experimenten modelos de regulación legal de las drogas (con cannabis, por ejemplo) que están diseñados para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos.

4.            Establecer mejores mediciones, indicadores y metas para medir el progreso.

5.            Cuestionar, más que reforzar, los conceptos erróneos comunes sobre los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas.

6.            Los países que continúan invirtiendo mayormente en un enfoque de aplicación de la ley (a pesar de la evidencia) deberían enfocar sus acciones represivas en el crimen organizado y los traficantes de drogas violentos, para reducir los daños asociados con el mercado de drogas ilícitas.

7.            Promover penas alternativas para vendedores de pequeña escala y vendedores de drogas primarios.

8.            Invertir más recursos en prevención basada en evidencia, con un foco especial en la juventud.

9.            Ofrecer una gama de opciones amplia y de fácil acceso para el tratamiento y la asistencia de la dependencia a drogas, incluyendo tratamientos de sustitución y de prescripción de heroína, con especial atención a aquellos más en riesgo, que incluya a quienes están en prisiones y otros contextos de encierro.

10.          El sistema de las Naciones Unidas debe proporcionar liderazgo en la reforma de la política de drogas global. Esto implica promover un enfoque efectivo basado en evidencia, apoyar a los países para que desarrollen políticas de drogas que se adapten a sus contextos y respondan a sus necesidades, y asegurar coherencia entre las diversas agencias, políticas y convenciones de la ONU.

11.          Actuar con urgencia: puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya.

En mexicanísima respuesta, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré afirmó: “La legalización no termina con la delincuencia organizada ni con su rivalidad y violencia. Tampoco fortalecerá nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia”. También, el secretario de Salud, José Ángel Córdova se alineó a la respuesta diciendo que el plan (punitivo, digo yo) del gobierno federal contra las drogas es el correcto y debe continuar, pues de lo contrario se pueden perder todos los avances logrados. ¡Qué lástima!; al primero se le olvidó que los principios y recomendaciones del informe no se enfocan exclusivamente en la legalización, sino que forman un marco integral que, como beneficios colaterales, traería la reducción de la criminalidad asociada y el fortalecimiento de la gobernabilidad; al otro se le olvidó que todas las evidencias apuntan a un incremento en el consumo de drogas en México y en todo el mundo, así que: ¿cuáles avances?

Solamente para contrastar, pensemos: hoy, el alcohol y el tabaco, drogas dañinas legalizadas, no contribuyen a enriquecer a mafias organizadas, ni al debilitamiento de la gobernabilidad de los países, ni sus flujos financieros compran armas para los delincuentes; entonces,  ¿a quién conviene la terquedad?

Si los estadounidenses, que iniciaron esta guerra contra las drogas, ya han legalizado de facto la producción, comercialización y consumo de drogas en su propio territorio, ¿Qué justifica la visión prohibicionista de los gobiernos de otros países?

 

F.Crisóstomo.

 

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