TERROR 140

 “No estamos dispuestos a vernos en el espejo de ese casino en llamas”. José Antonio Fernández Carbajal, Director General de Femsa.

Ciento cuarenta caracteres después, María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera han sido acusados de terrorismo, y permanecen encarcelados, por el gobierno de Veracruz, por difundir mensajes falsos, a través de Twitter y Facebook, sobre posibles ataques del crimen organizado a escuelas y por ocasionar pánico entre algunos padres de familia que, alarmados, fueron a recoger a sus hijos.

Mientras el gobierno de Veracruz mantiene encarcelados a María y a Gilberto, otros, casi, ciento cuarenta caracteres realmente me producen verdadero terror: “Obtiene libertad bajo fianza ex director de la CFE; Néstor Félix Moreno Díaz es acusado de presunto enriquecimiento y sobornos a compañías trasnacionales en EU”, así reza un titular del periódico Excelsior (http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=766101).

Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue detenido a bordo de una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Toluca, mediante una orden de aprehensión por presunto enriquecimiento ilícito. Reporte Indigo informa sobre un expediente judicial, abierto en la Corte Central de Distrito de California, que registra sobornos hasta por 5.9 millones de dólares, mediante sobreprecios en los bienes y servicios contratados por la CFE a la compañía LM, ubicada en Azusa, California, en el que resaltan algunas evidencias de soborno, como un yate de 82 pies de largo llamado “Dream Seeker”, un vehículo Ferrari modelo Spider, el pago de más de 150 mil dólares de gastos a su tarjeta de crédito y depósitos de hasta 600 mil dólares para familiares suyos y de otro funcionario de la CFE.

No sé a usted, pero, a mi me produce más miedo el daño que esa clase de funcionarios le están haciendo al erario nacional y a nuestra confianza en las instituciones, que el daño que los rumores en la red pudieran hacerle al, ya de por sí, aterrorizado ánimo nacional.

Y no podría ser de otro modo, cuando, en la monotemática narrativa oficial de la “guerra contra el crimen organizado”, los fracasos institucionales son ocultados detrás de la sobrecalificación de los criminales: primeramente, a una caterva de simples criminales se les sobrecalificó como “Enemigos”, para justificar la intervención de nuestro ejército; ahora, ante el fracaso estratégico, a esa misma caterva sobrecalificada se la vuelve a sobrecalificar como “Terroristas”.

Estoy seguro de que, Goliat -el titán de seis codos y un palmo (2.9 m), con cota de malla de cobre de 5,000 siclos (57 kg) y lanza de 600 siclos (6.8 kg)-, de haberle sido posible ocultarlo, nunca habría confesado que un simple pastor, de nombre David, había sido el causante de su derrota; de haber tenido que admitir su derrota, seguramente la habría atribuido a un ejército de gigantes. En el fondo, solamente se trató de un arma, la honda, que Goliat no entendía ni sabía controlar.

Llamar “terrorismo” a la reciente tragedia de Monterrey o a la difusión de falsedades en las redes sociales, nos deja ver un Gobierno-Goliat –armado de enormes presupuestos y facultades casi extrajudiciales- incapaz de entender la seguridad pública, mintiendo para ocultar sus carencias y temeroso de que su modelo funcional, basado en la corrupción e impunidad, se haya ido de control y se convierta en la fuente de sus verdaderas derrotas.

Afortunadamente la lampiña lengua del juez español Baltasar Garzón andaba por aquí y sentenció lapidario que el dicho del ejecutivo federal respecto de los hechos de Monterrey “sin duda, es una opinión política, no una calificación jurídica” y remataba recordándonos que “en el final de los años 80 en Colombia. (…) el narcoterrorismo. Eran acciones claramente definidas de la criminalidad organizada con métodos de destrucción masiva” y terminó recomendando “esperar a la (…) calificación jurídica porque (…) el lenguaje es importante para no confundir a los ciudadanos”.

Nadie lo pone en duda, es necesario utilizar todos los instrumentos del Estado para atrapar, juzgar y penalizar a los criminales, pero, una estrategia de exterminio deja mal paradas a las instituciones, porque nadie puede juzgar culpable a un muerto, en cambio si se puede presumir su inocencia. Cincuenta mil muertos después, persiste la sensación de derrota, si tan sólo pudiéramos hablar de cincuenta mil culpables sentenciados judicialmente, seguramente la sensación sería diferente; ahora que, si entre los cincuenta mil estuvieran los políticos y funcionarios corruptos, acompañados de sus contrapartes corporativas, otro gallo nos estaría cantando.

Tampoco se pone en duda que la información falsa en las redes sociales puede producir zozobra en algunas personas, no obstante, el remedio es la oportuna difusión de información oficial; nuestro verdadero problema es que hoy, la mayoría de los mexicanos, por sobradas razones, confiamos más en la Internet que en nuestra clase política.

Usted lo sabe, sin confianza no puede haber Seguridad, pero, la confianza no es una sensación gratuita, resulta del esfuerzo constructivo continuo del entramado institucional que garantice la transparencia y la rendición de cuentas, en manos de ciudadanos.

 

F.Crisóstomo.

 

Nota: Pregunto, a los aplaudidores del informe: ¿Qué implica la procuraduría social para las víctimas de la violencia?; ¿Quiénes y cómo serán beneficiados?; si aún no lo sabemos, ¿entonces?

 

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