ENDOSO O RENUNCIA.

“En el momento en que los hombres no gozaron más del amparo de un gobierno, no gozaron más de sus derechos civiles de ciudadanos, en el momento entonces en que dependían exclusivamente en este derecho mínimo que supuestamente les es natural, ya no había nadie quien les garantizara este derecho”. Hannah Arendt, “The Origins of Totalitarianism”

El pasado 8 de noviembre, después del encuentro con los directivos de la organización Human Rights Watch, el Presidente Calderón, mediante un comunicado en la página de la presidencia, declaró que “la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”.

Su declaración pareciera un desesperado intento por endosar a los criminales la responsabilidad sobre las violaciones, en México, a los derechos humanos (DD.HH.) que Human Rights Watch consigna en su informe titulado “Ni Seguridad, Ni Derechos”, recientemente publicado. Intento por demás errado, pues implicaría desconocer que entre los juristas de todo el mundo existe, casi, consenso unánime respecto de que los DD.HH. establecen una relación “unidireccional” entre el Estado y los ciudadanos, donde el Estado, como único legítimo representante del bien común, es el único garante de los DD.HH. y, por tanto, el único que puede ser requerido en caso de su violación. Así, cuando nos referimos a una “violación de derechos humanos”, el término es exclusivamente aplicable a una determinada clase de actos (u omisiones) cometidos por el Estado o sus agentes.

La legitimidad del Estado se desprende de la conservación de su carácter de “garante único de los derechos humanos”, lo que justifica su monopolio sobre la fuerza; por ello mismo, el Estado sería el “único eventual violador de tales derechos”. Endosar la responsabilidad puede significar una renuncia a la legitimidad; en otros términos, sería la aceptación de que los criminales podrían estar fundando formas de gobierno paralelas y asumiendo el papel de garantes de los derechos de las personas.

Para tipificar un acto de violencia como una violación de DD.HH. son requeridos dos elementos esenciales: a) Que el autor sea un agente directo o indirecto del Estado, y; b) que el derecho violado esté consagrado en los pactos internacionales de DD.HH. Básicamente, la autoría estatal puede acreditarse de varias maneras: 1) Cuando el acto de violencia es realizado directamente por un agente del Estado que ejerce una función pública; 2) Cuando el acto de violencia es realizado por particulares que actúan con el apoyo, la anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de agentes del Estado; 3) Cuando el acto de violencia se produce gracias al incumplimiento de los deberes de garantía y protección que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos.

Por esto último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que el deber de garantía de los DD.HH. del Estado implica la responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y procurar el restablecimiento del derecho conculcado; por ello, la CIDH sentenció que “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.

Para evitar imputaciones sesgadas de la responsabilidad concomitante del Estado sobre actos de violencia cometidos por particulares ajenos al Estado, habrán de demostrarse, al menos, las siguientes circunstancias: 1) Que exista evidencia respecto a que los agentes del Estado conocían de antemano el alto riesgo en que se hallaba la víctima y no tomaron medidas de eficaces para protegerla; 2) Que se registra una cadena de víctimas con características similares sin que el Estado haya tomado medidas efectivas para protegerlas; 3) Que la impunidad que ha cubierto al victimario, por ausencia de investigación y sanción, es factor facilitador evidente de otras violaciones.

Si se acepta la responsabilidad de los criminales por presuntas violaciones de derechos humanos, habría que reconocer que constituyen una fuerza, distinta de la del Estado, capaz de garantizar tales derechos, lo cual nos conduciría a una atomización del Estado, pues los ciudadanos tendríamos que buscar la protección del grupo que mejor garantizase el disfrute de nuestros derechos humanos; a partir de ahí, la destrucción del Estado de Derecho y el deslizamiento hacia condiciones de barbarie serían prácticamente inevitables.

Este intento de desplazamiento de la responsabilidad sobre las violaciones a los DD.HH. sería el segundo mayor error estratégico, en materia de seguridad, del gobierno actual; el primero se cometió cuando, al llamarle “Guerra” a los esfuerzos por contener el poder de los criminales, implícitamente se les confirió la calidad de combatientes. Es hora de enmendar:

  • Ø  No son combatientes, son delincuentes;
  • Ø  No pueden violar nuestros derechos humanos pues, independientemente de que el Ejecutivo Federal quiera endosarles la culpa, los ciudadanos no les hemos otorgado la responsabilidad de garantizarlos.

 

F.Crisóstomo.

 

 

0 Responses to “ENDOSO O RENUNCIA.”



  1. Dejar un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s





A %d blogueros les gusta esto: