En el mercado de la seguridad privada, el tufo omnipresente de la incestuosa relación entre el poder económico y el poder político había venido creciendo hasta volverse insoportable; Algunos empresarios, pensándose muy listos, impulsaron ciertas regulaciones hasta límites perniciosos, creyendo que un fuerte aparato regulatorio les permitiría excluir a los pequeños competidores, a los que llegaron a llamar despectivamente los patitos, los piratas, siempre confiando en que la insana connivencia los mantendría a salvo.
Llegaron a enarbolar las banderas de la legalidad como símbolos de calidad, olvidando que la calidad no se decreta y que el Estado es apenas uno de los clientes en las complejidades del mercado.
La inicial intención regulatoria se transformó en ambición recaudatoria, el impacto a las utilidades se expandió hasta los sueldos, no sin afectar la formación del capital humano, se transformó en deserción y rotación de personal, en obstáculo para el reclutamiento, en reducción de los requisitos de ingreso y en deficiencias en la calidad de los servicios, deficiencias que realimentaron la bola de nieve a través de la reducción del precio que los clientes están dispuestos a pagar. Así fue que se llegó a propiciar lo que en un principio se pretendía evitar: la mayor participación de los patitos y los piratas, pues los niveles de calidad en el desempeño casi se igualaron hasta hacer indistinguibles a los unos de los otros. El mercado no logró apreciar la regulación como factor único de calidad y entonces el factor primordial de decisión fue el precio.
Ahora, la perversión excede los límites, el regulador pretende ser un competidor más: La seguridad privada federal. Los empresarios de seguridad privada no deben temer a la competencia, siempre y cuando las reglas sean las mismas para todos los competidores. Deben comenzar a cuestionar a la autoridad respecto de si la seguridad privada federal:
¿Cumplirá con las mismas obligaciones de constitución, fiscales, laborales, de seguridad social y capacitación que las empresas privadas?,
¿Aplicará las mismas pruebas de confiabilidad?,
¿Comprará su propio equipo y armamento?,
Todo lo que haga, ¿lo hará con sus propios recursos o recurrirá a la perversión suprema de subsidiar con dinero público la protección de los intereses de privados?.
Además de las preguntas anteriores, convendría hacer una pregunta a la Comisión Federal de Competencia: ¿Es sano que la autoridad encargada de la regulación de una actividad económica se instale como un competidor en el mercado?.
Pero mientras la autoridad responde a las preguntas, cabría, en los empresarios, un replanteamiento del significado de la calidad, volviendo la mirada hacia el mercado. Ya no podemos creer en que se hará la ley en los bueyes de mi compadre.
F.Crisóstomo.
Seguriteca's Blog 